La demanda de energía eléctrica se acerca al límite de la capacidad de generación

En 2013, de una potencia instalada que se mantiene prácticamente planchada en 31.200 MW, la potencia efectiva promedió los 24.900 MW y la máxima demandada por el sistema superó los 22.500 MW en el último mes. Para ampliar un poco la mirada sobre los números, tenemos que entre julio de 2011 y julio de 2012 se incorporaron 1.725 MW al sistema, mientras que entre julio de 2012 y julio de 2013 se incorporó menos de un 30% (472 MW). En lo que hace al índice de indisponibilidad, supera el 33% en 2013, 5 puntos porcentuales más que en el mismo período de 2012.

Si bien los números muestran que todavía hay margen para cubrir la demanda en el corto plazo, son escasos los proyectos de inversión a escala con posibilidades concretas de ejecución (nuevas centrales atómicas, grandes hidroeléctricas) que permitirían una oferta energética acorde y más eficiente a mediano plazo. 

 
En los últimos años, el proceso inversor estuvo liderado por el sector público. Solamente las pequeñas centrales en punta de línea incorporadas por ENARSA explican un 30% del incremento en la capacidad instalada desde fines de 2007. Si se suma el aumento de la cota de Yacyretá y los ciclos combinados financiados por el FONINVEMEM, el aporte del sector público se acerca al 70%. Y de hecho, las próximas incorporaciones previstas constituyen o bien proyectos de ENARSA o bien se financian de manera compulsiva mediante la capitalización de las deudas de CAMMESA.

El corrimiento del sector privado del proceso inversor se debió al congelamiento de las tarifas que llevó a una captación de renta, y que se agravó con el atraso en los pagos, lo que deterioró fuertemente la situación financiera de las empresas.
En este sentido, la expectativa del sector esta puesta en ver lo que pasa luego de octubre. El temor al impacto sobre la opinión pública se topa con la incapacidad de continuar sosteniendo un esquema de subsidios que hoy es el principal causante del deterioro de las cuentas públicas, de la balanza comercial y de caída en las reservas del Banco Central. 

Continuar con el sendero de actualización de tarifas, incluso considerando una “tarifa social”, daría un margen significativo a las cuentas fiscales, en las que hoy los subsidios energéticos explican un 10% del gasto primario y más de un 2,5% del PBI.

El impacto en la balanza comercial, en tanto, será más lento, puesto que habrá que esperar que maduren las inversiones de YPF en el gas no convencional para poder sustituir las importaciones de combustibles líquidos. El propio incremento en las tarifas, sin embargo, podría ayudar a impulsar una mayor eficiencia en el consumo y comenzar a influir en un menor requerimiento de importaciones. 

 
Por último, señales claras en cuanto a la actualización de tarifas y certidumbre en los pagos, podría atraer financiamiento internacional para inversiones de largo plazo en el sector, que actualmente cuentan con elevadas tasas de retorno. Esto podría compensar la pérdida de divisas por la importación de combustibles líquidos, que seguirá presente en los próximos años hasta que se revierta la situación de desabastecimiento de gas natural.