No hay que olvidarse de la política sectorial

El contexto macroeconómico actual y los desequilibrios acumulados especialmente en los últimos años de gobierno obligarán al próximo presidente a encarar modificaciones sustanciales en materia de política económica. En las últimas semanas, mucho se ha discutido acerca del manejo de las cuestiones macroeconómicas como el tipo de cambio, las restricciones comerciales, el cepo cambiario, el déficit fiscal, la emisión monetaria y nivel de inflación. Sin embargo, la realidad es que la tarea del próximo gobierno está lejos de limitarse a este tipo de medidas horizontales. La política sectorial jugará un rol fundamental y de ella dependerá en gran parte el éxito de la administración en su conjunto.

En primer lugar, las políticas verticales jugarán un rol fundamental porque las correcciones macroeconómicas tendrán un impacto muy diferente entre los distintos sectores de la economía. Mientras algunas actividades se verán beneficiadas, también existirán perdedores que pueden requerir de medidas puntuales para poder adaptarse a los cambios sin que eso signifique una merma significativa de su producción.

Este es el caso fundamentalmente de aquellas industrias destinadas al mercado interno, como la producción textil o el calzado, que se verían afectadas tanto por una baja de la demanda en el primer semestre del año como por una mayor competencia externa. Al respecto, si bien es necesario avanzar hacia una política de comercio exterior más transparente, realizar una liberación de importaciones indiscriminada implicaría el riesgo de acentuar la merma en la producción en estas industrias, de gran relevancia en términos de empleo. En consecuencia, será necesario mantener una política de comercio administrada, al menos para aquellos sectores más vulnerables a la competencia externa.

En segundo lugar, incluso en aquellos sectores que podrían verse beneficiados por los cambios del contexto macroeconómico, el desarrollo puede verse truncado si los mismos no son acompañados de modificaciones en la política micro. Al respecto, los ejemplos más claros se hallan en los sectores agropecuario, energético y minero.

Con respecto al sector agropecuario, deberán revisarse la política tributaria y las restricciones a la exportación. De ello dependerá la recuperación tanto de la producción de trigo y maíz como del stock ganadero, ya que la capacidad de producción argentina supera ampliamente lo que es capaz de absorber el mercado interno. La política tributaria también será fundamental para incentivar la liquidación del stock de granos retenidos, que en su totalidad alcanzarían un valor de entre USD 7.000 y USD 8.000 millones, cifra más que tentadora en un contexto de escasez de divisas. Sin embargo, también habrá otros sectores negativamente afectados por esta política: una alícuota menor para los granos encarecería el costo de producción de los productores de carnes.

En materia energética, lo más relevante será la determinación del precio pagado tanto por la energía eléctrica como por los hidrocarburos. Al respecto, resultará clave no solamente determinar una cotización que resulte lo suficientemente atractiva como para atraer inversiones, sino también brindar señales de continuidad en el tiempo, confeccionando una política energética estable y evitando caer recurrentemente en la discrecionalidad. La elaboración de la misma va más allá del ajuste de tarifas: resta definir también el futuro de los incentivos al sector petrolero, el papel de YPF, la reglamentación de la ley Guinle que incentiva una mayor participación de las energías renovables (para su éxito será clave brindar facilidades de financiamiento) y la aplicación de medidas de eficiencia energética. También aquí habrá que considerar el impacto en otros actores: por ejemplo, podría ser necesario implementar una tarifa social para compensar el efecto el impacto que una quita de subsidios podría tener en las familias que se encuentren en situación más vulnerable.

Un caso más particular es el de los proyectos mineros. Al igual que en el caso del sector energético, su concreción requiere de garantías de una regulación más estable, aunque en este caso muchas de las definiciones deberán tomarse a nivel provincial y requerirán del consenso de distintos actores sociales.

Cabe destacar que de la implementación de estas políticas dependerá en gran medida el éxito de la política macroeconómica. La llegada de nuevas inversiones en sectores clave y la liquidación del stock de granos acumulados otorgarán mayores herramientas para manejar la cuestión cambiaria, evitando una pérdida masiva de reservas internacionales y permitiendo relajar restricciones. A su vez, un sinceramiento de tarifas permitiría reducir el déficit fiscal y las necesidades de emisión, aunque en este caso la reducción de alícuotas de derechos de exportación podría impactar en sentido contrario.

Como consecuencia, el rol de los funcionarios a cargo de la Secretaría de Energía, el Ministerio de Industria, el Ministerio de Agricultura o la Secretaría de Comercio será tan fundamental como el del Ministro de Economía o el presidente del Banco Central. Esto representa un desafío adicional, dado que se necesita realizar evaluaciones de casos particulares, generar consensos entre los distintos actores y definir políticas que tengan en cuenta tanto la situación actual de cada sector como los objetivos de largo plazo. Para lograrlo se necesitará una gestión eficiente y coordinada, pero también un mayor tiempo para la evaluación y elaboración de políticas, algo que deberán entender los distintos actores involucrados. Sin embargo, para calmar la ansiedad de los inversores será fundamental dar muestras de que se está trabajando al respecto.