El blanqueo es otro eslabón de una cadena de medidas sin coordinación

El primer tema que salta a la vista es el virtual reconocimiento implícito (aunque en realidad bastante explícito) de que la búsqueda de la pesificación de la economía lamentablemente ha muerto. Si es que alguna vez existió ese objetivo dentro del gobierno, ya que a simple vista sonó en su momento como la excusa políticamente correcta para sostener la intervención en el mercado cambiario. De todos modos, tomando como cierta la intención oficial de pesificar la economía, este paso sería sólo el anuncio oficial, porque el proyecto tenía ese destino desde el mismo momento en el que fue impulsado varios meses atrás. Es que nunca podría haber sido exitoso y haber cumplido con su objetivo porque desde el vamos no fue sostenido por una estrategia consistente con la meta (quizás justamente por la real intención detrás de aquel proyecto). 

Un tiempo atrás el Gobierno decidió avanzar en una cruzada desdolarizadora, basados en una estrategia que apuntó a forzar el proceso, cometiendo un error clave. Si el camino elegido era la desdolarización forzada, se debería haber tentado a los ahorristas para pensar en pesos. Pero nunca en todo este tiempo hubo en el mercado un instrumento en moneda local que fuera una alternativa válida para el sector privado. Ninguna opción de ahorro en pesos disponible pudo competir con la tasa de devaluación esperada ni con la inflación, por lo que la desdolarización forzada estaba destinada al fracaso desde su mismo momento de concepción al no haber alternativa viable para la pesificación. Situación que se veía empeorada porque además la política económica no hizo más que debilitar el valor del peso.

La segunda cuestión que surge al analizar el proyecto y las primeras reacciones es la efectividad de la medida. El éxito del blanqueo no está asegurado ni mucho menos. En un contexto de fuerte volatilidad e incertidumbre, donde el cambio de reglas de juego es constante, siendo el caso más palpable el mercado cambiario, ¿qué es lo que cambió realmente para que aquellas personas que prefirieron invertir sus ahorros en dólares y que no los tienen declarados ahora sí decidan transformarlos masivamente a un activo en esa divisa con bajo rendimiento o en inversiones inmobiliarias? El problema central de la economía argentina pasa por una política económica que no tiene credibilidad y que no coordina expectativas (o que lo hace pero de manera negativa, que es aún peor), por lo que sin señales de cambio que actúen sobre ambas cuestiones no parece inteligente esperar un cambio de comportamiento del público. 

De hecho, por declaraciones de funcionarios o allegados al Gobierno los objetivos son bastante tímidos, del orden de los USD4.000 M/USD5.000 M, una vara baja a toda vista (habitualmente se habla de cifras muchísimos mayores cuando se intenta dimensionar la plata que los argentinos tienen fuera del sistema doméstico). Con estas preguntas en mente, lo que surge es que los que tendrán fuertes incentivos a blanquear los fondos podrían ser aquellos que tienen grandes problemas legales. Lo que dista mucho de ser una meta ideal para cualquier Gobierno.

 
Y es justamente este punto el que dispara la tercera reflexión. ¿Vale este pequeño beneficio (ni siquiera realizado) pagar un costo alto en materia política? La medida es a toda vista regresiva, ya que beneficia a aquellos con capacidad para dolarizarse que no son justamente el trabajador asalariado medio. No deja de llamar la atención este punto. Tanto como el hecho de la falta de timming para el anuncio, en un marco donde las denuncias sobre corrupción han sido la norma desde comienzos de año. 

Y, por último, surge la cuestión de la calidad de la medida presentada. Reconocido el problema de la falta de dólares (implícita o explícitamente, reconocimiento al fin), con las dudas acerca de su efectividad y con los costos que pareciera implicar, no luce como la mejor estrategia dentro del amplio set de alternativas disponibles. Aunque no debiera generar sorpresa, porque es algo que ha caracterizado el andar económico del Gobierno desde al menos fines de 2011.

Si el objetivo es aliviar las restricciones externa y fiscal, ¿por qué no avanzar en cuestiones como la inflación –su medición y su reducción-, Club de París, subsidios, etc.? Si bien tendrían también un costo político, un programa integral bien diseñado y mejor comunicado, con acento en el sostenimiento de los avances sociales alcanzados, no tendría que ser necesariamente mayor al que se podría pagar con la medida elegida. Y seguramente redundaría en una mejora de la situación económica, con soluciones en ambos frentes (fiscal y externo).

Así, un primer análisis disparado por los argumentos a favor y en contra esgrimidos desde el anuncio del blanqueo no da como resultado un saldo positivo. La medida elegida dista de ser la mejor disponible en varios niveles (efectividad, eficiencia, costos a pagar), y es un eslabón más de una seguidilla de anuncios y políticas con poca consistencia y coherencia. Incluso a pesar de la imagen de unidad de criterio que al parecer se quiso dar desde el Gobierno con todos sus referentes económicos defendiendo la medida en primera plana. Queda por ver la letra chica del proyecto y su reglamentación. Pero no hay muchas esperanzas de que por ahí surjan las buenas noticias.