Se termina un acuerdo que sólo postergó las correcciones necesarias

El próximo 31/12 se dará por finalizado el “Programa de Convergencia de Tarifas Eléctricas y Reafirmación del Federalismo Eléctrico e Integración en la República Argentina”, un acuerdo entre la Nación y las provincias con el objetivo de congelar la tarifa eléctrica de distribución (VAD) en todo el territorio, a cambio del desembolso de fondos para inversión en infraestructura eléctrica.

La tarifa eléctrica tiene dos componentes principales: el precio mayorista de la energía o precio estacional (PE) y el valor agregado de distribución (VAD). El primer componente se encuentra determinado por la Secretaría de Energía y, si bien debería reflejar el costo promedio de generación eléctrica, este no ha sido el caso. De hecho, mientras que el precio estacional sólo se triplicó en el período 2003-2014 hasta llegar a los 95 ARSARS/MWh, el costo promedio de generación eléctrica se multiplicó por 28 hasta los 1.100 ARSARS/MWh. Dicha brecha explica hoy gran parte de la masa de subsidios energéticos por cuenta de la compañía estatal CAMMESA.

El segundo componente, el VAD, se encuentra regulado por los entes provinciales (y el ENRE en el caso de las distribuidoras en el AMBA) y ha tenido políticas de actualización muy dispares en los últimos años.

El Programa de Convergencia, acordado a principios de este año, buscaba limitar los posibles aumentos en los cuadros tarifarios que pagan los consumidores por medio del congelamiento del VAD, lo que parecía adelantar un posible aumento del precio de la energía mayorista (PE). Sin embargo, no sólo no se avanzó en una quita de subsidios por medio del aumento del PE, sino que tampoco fueron contundentes los avances en materia de inversiones. En este marco, a fin de este año terminará un acuerdo que sólo consiguió retrasar aún más las correcciones necesarias y no logró el objetivo de homogeneizar la coyuntura que atraviesa cada distribuidora eléctrica del país.

A partir de 2015, con la recuperación de la capacidad de autorizar los incrementos en el VAD, las correcciones podrían variar significativamente entre provincias, dado que en casos como los de Santa Fe y Córdoba ya se habían otorgado ciertos aumentos, pero no así en el caso de Mendoza, por ejemplo. En el caso del área metropolitana, el incremento podría ser sustancialmente mayor, ya que el último ajuste otorgado por el ENRE data del año 2008.

En cifras, tomando como referencia un hogar que consume 600 KWh por bimestre, se observa que un usuario subsidiado en Córdoba y Santa Fe paga alrededor de 6 veces más que un usuario con igual consumo en el AMBA. Esto se debe a la diferente política de actualización del VAD en los pasados años.

Otra muestra de las diferencias entre jurisdicciones se verifica al comparar el precio que paga un usuario que no recibe subsidios en la Ciudad de Buenos Aires con un usuario que recibe subsidios en las provincias de Córdoba y Santa Fe.

Se debe remarcar que la tarifa sin subsidio es la que surge del cuadro tarifario actual que rige en cada provincia, y que contempla un precio estacional (PE) de 320 ARS/MWh. Este valor resulta más cercano al precio medio reconocido por CAMMESA (estimado en 540 ARS/MWh para 2014), pero se ubica todavía muy por debajo del costo real de producir la energía que circula por el sistema eléctrico, que se calcula por encima de los 1.100 ARS/MWh para 2014. Este costo real contempla la totalidad de los subsidios destinados al sector energético, lo que incluye las partidas asignadas a CAMMESA tanto para cubrir la brecha de precios como para la importación de combustibles, así como también lo devengado por ENARSA para la importación de gas natural que consumen las usinas térmicas.

Así, sólo si se contemplase la actualización del precio estacional a niveles acordes con el costo real de generación, la boleta por un consumo bimensual de 600 KWh debería superar los ARS900 en CABA y Mendoza y los ARS1.200 en Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. Es decir, 14 veces más que lo que paga un usuario subsidiado en el caso de CABA y 3 veces más en el caso de Córdoba y Santa Fe. Esto, sin contemplar los atrasos en actualización del VAD de cada empresa de distribución.

Frente a esta realidad, no resulta recomendable que el sinceramiento se haga de una vez, sino que debería implementarse de manera progresiva y contemplando una tarifa social para proteger a los hogares de menores ingresos. Aun así, la corrección de precios resulta insuficiente sin un programa energético integral, que debería enfocarse en tres objetivos principales: primero, generar un marco de inversiones para aumentar la producción local de hidrocarburos y reducir el peso de las importaciones que han encarecido el costo de generación eléctrica. Segundo, apuntar a una mayor diversificación de la matriz eléctrica, con mayor peso de las energías renovables. Por último, impulsar un programa de eficiencia energética que se oriente a reducir el consumo excedente.