La quita de subsidios que no fue y las distorsiones acumuladas

[ Resumen ejecutivo del Informe Coyuntural del Sector Eléctrico Argentino ]


El 2014 está llegando a su fin y el balance para el sector eléctrico es ampliamente negativo, dado que no se han logrado resolver los principales cuellos de botella que afectan al sector. Se agrandaron los desbalances respecto a 2013, aunque la baja en el precio del petróleo ayudó a que el resultado fuese algo mejor que el inicialmente esperado.

La falta de decisión para avanzar en una quita de subsidios al precio de la energía incrementa el déficit de CAMMESA, lo que implica una mayor presión sobre las cuentas públicas. Las transferencias del tesoro al sector eléctrico rondarían en 2014 los $112.000 millones, casi un 3% del PBI. A pesar de que estas cifras se vuelvan cada vez más insostenibles, parece improbable que la actual Administración decida avanzar en un sinceramiento tarifario, si no lo hizo hasta ahora, con las elecciones en puerta.

La etapa de distribución es una de las más afectadas, con empresas que enfrentan fuertes dificultades financieras, en especial aquellas que brindan servicio en el área metropolitana bajo la jurisdicción del ENRE. El congelamiento tarifario vigente desde hace varios años ha redundado en fuertes pérdidas operativas, lo que se tradujo en falta de mantenimiento, atrasos y ausencia de nuevas obras de infraestructura. Esto ha quedado en evidencia durante los picos de potencia demandada, sobre todo en los días de temperaturas muy altas o muy bajas, situación que ha ocurrido con mayor frecuencia en el AMBA pero también en diversas provincias. Generadores móviles que funcionan a gasoil se han distribuido por puntos críticos de la Ciudad de Buenos Aires frente a posibles picos de demanda en el verano. A pesar de que son significativamente más costosos, sirven para paliar temporalmente el déficit en la red.

El Programa de Convergencia de Tarifas Eléctricas, que fue anunciado en abril de 2014 y que finalizará a partir de 2015, expresaba la intención de congelar tarifas eléctricas por un año a cambio del desembolso de fondos para llevar a cabo grandes obras de infraestructura en las provincias. Esta medida buscaba morigerar el impacto de la esperada quita de subsidios, la cual nunca llegó. En cambio, el verdadero efecto fue un empeoramiento de la situación patrimonial de las distribuidoras, al tiempo que la canalización de las obras enfrentó mayores dificultades.

Cuando se anunció la medida, se pensó que sería el paso previo para una actualización del Precio Estacional a modo de reducir subsidios. Con lo cual, se le estaba pidiendo a las distribuidoras un “esfuerzo adicional” para no potenciar el impacto en las boletas, a cambio de inversiones en infraestructura. Además, durante el período del acuerdo se iba a hacer un estudio con el objetivo de determinar el valor regional del VAD en todo el país. Finalmente, esto no ocurrió. Pero la quita de subsidios tampoco se dio y, por un año más, se acumularon distorsiones de precios. Cabe destacar que el fin del acuerdo resulta entonces una noticia positiva, porque algunas distribuidoras podrán seguir tramitando con los entes respectivos la suba del VAD para cubrir el aumento de costos.

En el otro extremo de la cadena de pagos, las generadoras continúan afectadas por las remuneraciones que se alejan del costo real de la generación eléctrica. Remuneraciones que, además, no tienen actualización periódica y cuyo último aumento por medio de la Res. 529/14 ya se encuentra diluido por el contexto inflacionario. Además, enfrentan una única contraparte, CAMMESA, que atraviesa una situación fuertemente deficitaria.

Pero lo más preocupante surge del hecho que en el año 2013 y 2014, la incorporación de potencia al sistema ha sido demasiado baja lo que, sumado a un elevado índice de indisponibilidad de las centrales térmicas, ha provocado una disminución en el margen de potencia efectiva. El margen para cubrir picos de demanda se ha reducido 5,3% a 3,8 MW en el promedio de los primeros diez meses de 2014 lo que implica que el próximo verano la provisión de energía podría atravesar situaciones críticas.

En el período enero-octubre de 2014, el consumo eléctrico creció 2,1%, elevando las necesidades de importación ya que la generación local no ha sido suficiente. A la vez, el crecimiento de la potencia máxima demandada presiona aún más a la infraestructura existente en las redes de distribución incrementando el riesgo de ocurrencia de cortes tal como sucedió el verano pasado.



La acumulación de dificultades a lo largo de la cadena ha puesto la expectativa de los principales agentes en las acciones que se puedan tomar en un nuevo ciclo. La quita de subsidios a la energía mayorista, que si bien significará un fuerte alivio para el constante deterioro de las cuentas públicas, de la balanza comercial y de caída en las reservas del Banco Central, tendrá como correlato el impacto de la suba de tarifas para los usuarios, por lo cual deberá ser abordada de manera progresiva y eventualmente establecer una “tarifa social” que resguarde el poder de compra de los más vulnerables. Sin embargo, parece improbable que se avance en este sentido en 2015, en un año electoral y con el precio del petróleo crudo a la baja.

El eventual impacto de un sinceramiento de precios energéticos en la balanza comercial, será más lento, puesto que habrá que esperar que maduren las inversiones en gas no convencional para poder sustituir las importaciones de combustibles líquidos. El propio incremento en las tarifas, sin embargo, podría ayudar a impulsar una mayor eficiencia en el consumo y comenzar a influir en un menor requerimiento de importaciones.

Por último, señales claras en cuanto al marco regulatorio, actualización periódica de tarifas a lo largo de toda la cadena y certidumbre en los pagos, podrían atraer financiamiento internacional para inversiones de largo plazo en el sector, fundamental para apuntalar una mayor diversificación y seguridad energética.