La estrategia de la no estrategia está destinada al fracaso

Desde hace ya un largo tiempo la definición de la estrategia de política económica del Gobierno está diseminada en varias manos y, paradójicamente, termina sin definición concreta alguna. El manejo de la cuestión cambiaria desde fines de 2011 a la fecha es el más claro ejemplo en este sentido, pero lo mismo sucede en el caso de la política energética, de transporte, de subsidios, etc. La regla en todos los casos es una sucesión de medidas individuales, generalmente inconsistentes, en muchos casos hasta contradictorias y en la que se repiten idas y vueltas constantes. Así, la estrategia de la no estrategia parece ser una decisión consciente, y no un resultado del azar.

Últimamente se ha sumado a este listado el combate de la inflación. Por primera vez, las autoridades parecen haber comenzado a reconocer este problema como uno de los que más afectan a la economía doméstica (quizás porque está al tope de las preocupaciones de la sociedad en todas las encuestas, en un año electoral), aunque tímidamente y sin mencionarlo explícitamente en público. Reconocimiento que, aunque tibio, implica una buena noticia, ya que no se puede solucionar algo a lo que no se da entidad.

Sin embargo, este reconocimiento aún no se ha traducido en avances concretos sobre la forma de medir el problema, lo que hace más difícil, sino imposible, resolverlo. Conocidos además los antecedentes mencionados, no permite ser muy optimistas respecto de los futuros posibles resultados en la materia.

Las medidas anunciadas en las últimas semanas parecen dar base a estos temores. El Gobierno ha puesto en el centro de la pelea contra la inflación al salario, como una suerte de nueva ancla nominal de la economía (luego de perder al superávit fiscal y al tipo de cambio en ese rol), con el foco puesto en las negociaciones paritarias que comienzan a abrirse en estos días.

Esta decisión tiene múltiples campos de análisis, y lamentablemente ninguno arroja resultados positivos. Por el lado de las medidas anunciadas, al menos hasta el momento, todo parece indicar que una vez más prima la no estrategia. El aumento del mínimo no imponible del impuesto a las ganancias en un 20% y el anuncio del congelamiento de precios en cadenas minoristas por los próximos dos meses, lucen claramente insuficientes como plan anti-inflacionario.

Sin dudas, en un escenario como el que se vive en Argentina hoy, un plan de este tipo debe involucrar necesariamente a los trabajadores y a los comercios minoristas, pero también deberían estar presentes el resto de las empresas que forman parte de las cadenas de formación de precios, y fundamentalmente el Estado. Ninguna estrategia que quiera enfrentar seriamente a la inflación puede ser exitosa sin una participación del sector público y sin una decisión clara de las autoridades. Detrás de medidas como las anunciadas debe haber un plan bien diseñado y mejor explicado a todas las partes, con un compromiso creíble, que actúe sobre las expectativas de todos los actores involucrados y que permita persuadirlos sobre una futura desaceleración de la inflación. Algo que hoy brilla por su ausencia.

Pero además, las medidas del Gobierno orientadas a poner al salario como eje del combate a la inflación, generan un ruido político nada despreciable. Desde los mismos comienzos de las administraciones Kirchneristas el sindicalismo ha sido un aliado fundamental, y la nueva orientación parece romper con esta lógica, al menos por lo que puede deducirse de las últimas medidas implementadas.

La respuesta sindical ante el anuncio de la elevación del mínimo no imponible y del congelamiento de precios dista mucho de ser positiva y no sólo desde los sectores que ya han formalizado la ruptura con el Gobierno. Lo más sorprendente, o quizás no tanto, es que incluso aquellos jefes sindicales que todavía se ubican cerca del oficialismo han alzado sus voces en contra, en algunos casos con declaraciones muy fuertes. Así, la grieta abierta en el frente sindical podría profundizarse, con todas las consecuencias políticas que una situación como esa puede traer aparejadas.

De esta manera, el Gobierno no sólo pone en práctica medidas insuficientes e incluso riesgosas (el anuncio de congelamiento de precios por dos meses generó espacio para que algunos sindicalistas opositores propusieran negociaciones paritarias más periódicas, por ejemplo), sino que además resultan políticamente contraproducentes al dejar inconformes a todos los sectores. Es decir, cosechar costos sin beneficios de ningún tipo. O el fracaso de la estrategia de la no estrategia.