Impuesto a las Ganancias: la pelea gremios vs gobierno y lo que heredará el próximo presidente

El debate entre las organizaciones gremiales y el gobierno por el impuesto a las ganancias no se agotó con el paro del 31 de marzo. El argumento de los primeros es que los salarios no son ganancias y el oficial, es que los sindicatos son poco solidarios con el segmento menos favorecido de la población. Vale la pena repasar brevemente algunos puntos básicos para evaluar este debate que tiene importancia no sólo económica sino, también, política ya que todo hace pensar que la próxima administración heredará el problema.

Cuando se trata de evaluar si el nivel de los salarios es “correcto”, hay al menos tres factores a considerar.

El primero es la eficiencia. Según la teoría microeconómica, los asalariados deben ser remunerados en función de su productividad. Esto es, en función del valor que agregan al producto. Si se sigue esta regla también se favorece la competitividad cuando la productividad de una rama en el país sube más que la del resto del mundo.

El segundo factor es el crecimiento. El valor del salario es relevante para el crecimiento porque influye sobre la acumulación de capital humano: si el salario aumenta con la productividad, es evidente que los trabajadores de mayor calificación recibirán una remuneración más alta. Esto crea incentivos para que el trabajador invierta en educarse a los efectos de acceder a un mayor salario y ello beneficia a todos pues una economía en la que se invierte más en capital humano crece mejor.

El tercer factor es la exclusión. En las sociedades de estructura económica y social heterogénea como la nuestra, existen sectores de la población que no están incluidos en el empleo formal de mayor calidad porque no lograron acumular capital humano suficiente, no pueden acceder a educación y, por ende, a empleos de calidad. Al ser la productividad del sector informal muy baja, su ingreso también lo es. Este es en realidad el caso de cerca de un tercio de la población.

Si las personas pertenecientes al segmento excluido e informal no reciben ayuda por medio de subsidios en dinero (como la AUH) o indirectos (educación y salud) están condenadas a una trampa insalvable: son pobres porque no pueden acumular capital humano y no pueden acumular capital humano porque son pobres.

En una sociedad que busca la equidad, los subsidios son financiados con impuestos que gravan más a quienes tienen mayor ingreso, independientemente de si ese ingreso tiene el carácter de salario o beneficio. Lo que se grava es el ingreso. Por supuesto, tratar de ser equitativo no es sencillo: si el impuesto es excesivo, se daña la eficiencia y el incentivo a acumular capital humano; si es injusto, genera conflictos y evasión.

La cuestión, entonces, no pasa tanto por si corresponde o no el impuesto al salario. Tampoco pasa por volver a discutir la solidaridad implícita en los impuestos progresivos, ya que más allá del énfasis oficial, la solidaridad y la progresividad son principios ya aceptados por la sociedad y están incorporados a la ley. El punto es si la política impositiva actual es razonable cuando el objetivo es poner en práctica estos principios.

¿Por qué se impacientan los trabajadores?

Los puntos que generan quejas en relación con la aplicación del impuesto a las Ganancias en el caso de los salarios son los siguientes:

A - No actualización automática del mínimo no imponible y de las deducciones especiales por inflación: En contextos de elevada inflación, la falta de ajuste automático en función de la suba de precios hace aumentar la presión tributaria sobre el salario. Por ejemplo, un trabajador logra obtener un incremento de salario bruto del 29%, semejante a la inflación. El resultado es una pérdida del poder adquisitivo de, por lo menos, 3 puntos porcentuales por la falta de ajuste del mínimo y las deducciones. Esto representa un aumento del impuesto a las ganancias salariales de hecho; esto es, sin que medie la necesaria aprobación del Congreso de la Nación.

B - No actualización automática de las escalas según la inflación: Los sistemas tributarios modernos son progresivos; la carga tributaria aumenta con el nivel de ingresos y para ello se utilizan escalas de ingreso con alícuotas crecientes. Nuestra Ley de Impuesto a las Ganancias incorpora el principio a través de la tabla del artículo 90. Sin embargo, esta tabla no ha cambiado desde la Reforma Tributaria de 1999 (Ley 25.239), por lo que la inflación acumulada desde entonces ha ‘comprimido‘ las bandas de ganancia neta imponible. Bajo estas circunstancias, aumentos de salarios que sólo sirven para mantener el valor real del salario, al implicar saltos de escala nominal, cambian la alícuota aplicable y aumentan la presión tributaria violando el espíritu de progresividad de la ley: un contribuyente puede saltar de una banda inferior a una más alta en la escala debido a un incremento meramente nominal. Lo que una ley progresiva se propone gravar, obviamente, son los incrementos reales en la capacidad contributiva y no los nominales.

C -Establecimiento de 3 tramos de deducciones (con la última modificación de 2013): Esto lleva a la paradoja de que pueda haber un trabajador que tiene un salario más alto que otro antes del impuesto pero termine con un salario de bolsillo menor por efecto de la tributación de ganancias. Con este sistema, el gobierno puede fácilmente recaudar casi la totalidad del aumento de sueldo. Por ejemplo, un trabajador soltero que cobra un salario bruto de $25.100 mensual, termina cobrando menos de sueldo de bolsillo que uno que cobra $24.900, ya que la tasa efectiva del primero ronda el 17,9%, mientras que la del segundo es del 15,4%. Desde el punto de vista microeconómico, esto da incentivos errados en lo que hace a acumulación de capital humano.

La extraña lógica del gobierno

Cuando se evalúan las distorsiones desde el punto de vista económico y de equidad, la estructura actual del impuesto a las ganancias no sale bien parada. En particular, hay cinco consecuencias negativas:

Primero: la presión tributaria depende de la trayectoria de la inflación, que no es fácil de predecir e introduce un elemento de incertidumbre sobre el ingreso salarial futuro y, por ende, sobre la capacidad de gasto y endeudamiento.

Segundo: se vulneran derechos constitucionales ya que la presión tributaria la decide el Ejecutivo y no el Congreso porque el primero es quien maneja la inflación de la mano del BCRA.

Tercero: se transgreden principios de legitimidad de la norma al violarse los criterios de equidad vertical y horizontal entre los contribuyentes que fijó la ley.

Cuarto: se genera ineficiencia en la medida que aumenta la diferencia entre lo que el trabajador se lleva en el bolsillo y lo que agrega al producto. La empresa aporta el dinero en función de la productividad pero una parte creciente -dependiendo de la inflación- se la lleva el Estado.

Quinto: se desincentiva el crecimiento y la acumulación de capital humano si los trabajadores con mayor calificación terminan cobrando menos que otros menos capacitados.

De esta manera, el único principio valioso con el que se cumpliría efectivamente es el de solidaridad, que no por casualidad es lo que subraya desde el gobierno. Sin embargo, esto se desdibuja cuando se toma en cuenta que recientemente se anunció una moratoria fiscal y la prórroga del blanqueamiento de capitales a partir de los Cedines.

¿Por qué no se atienden las demandas?

El gobierno no puede atender los reclamos de equidad de los trabajadores ni aumentar excesivamente los subsidios a los menos favorecidos porque está en una situación fiscal en la que no tiene espacio para reducir sus ingresos tributarios. Ello es así debido a que no tiene margen para aumentar el financiamiento por parte del BCRA y tiene cerrado, por ahora, el acceso al financiamiento externo.

Lo preocupante de la situación se puede constatar con la ejecución presupuestaria de enero. El resultado primario fue negativo en ARS 1.457 MM, contra un superávit de ARS 799 MM en enero de 2014. El déficit se incrementa si se netea la ayuda del BCRA y la ANSES llegando a ARS 5.939 MM, 2,7 veces más que en 2014. El déficit financiero de un mes alcanzó los ARS 17.945 millones, casi tres veces el de enero de 2014.

En suma, como ha venido ocurriendo desde largo tiempo en la Argentina, la macroeconomía se impone. Manda sobre la eficiencia, el crecimiento y la equidad. No en vano a nadie le quedan dudas de que la primera tarea del próximo gobierno será la de poner en orden la macroeconomía, empezando por las cuentas fiscales.